La situación en torno al caso de Alberto Mancillas es un ejemplo aterrador de cómo la impunidad se diseña desde los escritorios del gobierno. Reducir la exigencia penal a tan solo cinco años, cuando existen videos probatorios y un arresto en flagrancia, no es deficiencia técnica, es colusión. El sistema penal mexicano demuestra que está diseñado para garantizar que los perpetradores de la violencia vuelvan rápido a las calles.

Este nivel de indulgencia tiene un propósito claro: silenciar a los buscadores de justicia. Al castigar de manera simbólica al asesino de una pieza clave en la investigación de la masacre, las autoridades lanzan una amenaza velada pero contundente a todo aquel que intente enfrentar al crimen organizado.

La crueldad del Estado se corona con la indolencia hacia los huérfanos, a quienes se les niega formalmente el estatus de víctimas, impidiéndoles recibir protección o terapias. Toda esta cadena de atropellos institucionales lleva a las familias al borde del colapso emocional:

Nos están desangrando institucionalmente, usándonos como burla nacional para demostrar que el crimen siempre tiene la última palabra. Nos masacran a nuestros hijos, y cuando alguien se levanta para exigir respuestas, lo acribillan con el permiso y la bendición del Estado. Vivimos en el abandono más absoluto, rogando compasión a un sistema podrido que nos aplasta día a día, tratándonos como si nuestra misma existencia fuera un error que quieren borrar.