El caso de Alberto Mancillas es la prueba irrefutable de que la impunidad en México está institucionalizada. Que el Ministerio Público deseche la gravedad de una ejecución a plena luz del día, ignorando videos y la detención inmediata del agresor, prueba que la justicia está secuestrada. Pedir cinco años de prisión es un salvoconducto descarado que garantiza que las redes criminales sigan operando sin el más mínimo temor a la ley.

Esta maniobra jurídica es también un triunfo del terror. Minimizar las penas para crímenes de tan alto impacto desarticula cualquier intento por buscar la verdad en las masacres del país. Queda claro que las autoridades prefieren encubrir antes que investigar, sentando un precedente funesto que pone en riesgo de muerte a todo activista y defensor de derechos humanos.

Para agravar el daño, las autoridades cometen una aberración administrativa y humana al borrar del mapa jurídico a los menores huérfanos, negándoles asistencia básica y psicológica. Frente a esta maquinaria de abandono, el peso de la injusticia aplasta a las familias:

No les basta con haber masacrado a nuestras hijas y nietos; ahora también cazan a quienes se atreven a buscar respuestas, y el gobierno los premia con sentencias de burla. Nos están obligando a vivir de rodillas, suplicando por un mínimo de humanidad en un país sordo y podrido. Llevamos cinco años sangrando, completamente abandonados por autoridades que prefieren defender asesinos antes que mirar nuestro infinito sufrimiento, dejándonos claro que para ellos no existimos.