El montaje del festival "Campo Marte 26 Santander" no solo presenta irregularidades en el ámbito financiero y contractual, sino también en materia de seguridad ciudadana, desarrollo urbano y gestión de riesgos. La investigación de los periodistas Eduardo Buendía y Leonardo Núñez González sacó a la luz la inexistencia inicial de trámites obligatorios ante las autoridades locales de la Ciudad de México encargadas de regular los espectáculos masivos.

En un inicio, los funcionarios de la alcaldía Miguel Hidalgo informaron formalmente que no contaban con ningún registro de un Programa Especial de Protección Civil para este espectáculo masivo de carácter privado. La legislación de la Ciudad de México es sumamente estricta al respecto: todo evento privado de esta magnitud debe someterse a revisiones exhaustivas de seguridad vial, rutas de evacuación, resistencia de estructuras y control de aforos antes de iniciar cualquier tipo de montaje en el sitio.

Posteriormente, el Gobierno de la Ciudad de México reportó que sí existía un programa registrado, pero con una fecha del 20 de mayo, es decir, nueve días después de que los comités vecinales de la zona interpusieran juicios de amparo. Lo más sorprendente del hallazgo de MCCI es que en este documento extemporáneo, la figura organizadora fue modificada sustancialmente, apareciendo la Sectur federal como la responsable en lugar de la empresa privada The Mates Contents, en un aparente intento oficial por subsanar la ilegalidad del trámite y evadir la competencia de la alcaldía.