Brasil presentó la primera hoja de ruta global para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles, acelerar la transformación de los sistemas energéticos mundiales y facilitar el cumplimiento de los compromisos climáticos. El país, que presidió la 30ª Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), también dio a conocer un plan de acción para detener y revertir la deforestación y la degradación de los bosques antes de 2030.

La publicación de ambos documentos responde al compromiso asumido en noviembre por André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, de fortalecer el multilateralismo mediante la puesta en práctica de las decisiones acordadas previamente por los Estados participantes. Durante la clausura de la cumbre climática, celebrada en Belém, Corrêa do Lago declaró a Reuters que las negociaciones resultan ineficaces para frenar la crisis climática si los acuerdos alcanzados no se llevan a la práctica.

“Necesitamos que los gobiernos empiecen a actuar. Necesitamos cambiar radicalmente la forma en que los gobiernos abordan el cambio climático. Para lograrlo, necesitamos que los ministros de finanzas, infraestructura y transporte participen en las negociaciones”, subrayó.

De acuerdo con la presidencia de la COP30, las hojas de ruta fueron elaboradas tras consultar a distintos actores involucrados y autoridades de diversos países. Ambos documentos reconocen que, si bien todas las naciones tienen una responsabilidad en la lucha contra el cambio climático, no cuentan con las mismas condiciones ni los recursos necesarios para enfrentar el problema. Por esta razón, las medidas propuestas deben considerar las diferencias en materia de desarrollo, capacidades económicas y contribuciones históricas a la crisis climática.

Este principio también debe aplicarse dentro de cada país, ya que tanto las responsabilidades como los efectos del calentamiento global se distribuyen de manera desigual entre la población. Mientras los sectores con mayores ingresos suelen disponer de más recursos para adaptarse, las comunidades menos favorecidas enfrentan una vulnerabilidad mayor.

Propuestas para eliminar el uso de combustibles fósiles en todo el mundo

Pese a estas consideraciones, la hoja de ruta para eliminar gradualmente los combustibles fósiles sostiene que abandonar el carbón, el petróleo y el gas constituye una transición inevitable, urgente y posible, independientemente de las condiciones económicas y energéticas de cada nación. El documento señala que la transformación energética mundial ya está en marcha, como demuestra el crecimiento de las energías renovables, la electrificación y las mejoras en eficiencia energética.

Estos avances pueden generar oportunidades económicas, fortalecer la seguridad energética, disminuir la dependencia de los mercados internacionales de combustibles fósiles y favorecer el desarrollo de nuevas industrias. Sin embargo, advierte que abandonar estas fuentes requiere una estrategia práctica y efectiva. Para ello, los países deben reducir progresivamente tanto la cantidad de combustibles fósiles que producen como la que consumen, al tiempo que amplían sus fuentes de energía de bajas emisiones. El propósito es evitar que este proceso provoque escasez de suministro o incrementos descontrolados de los precios.

En consecuencia, el plan propone una serie de mecanismos para lograr “una transición justa, ordenada y equitativa” que permita alcanzar las emisiones netas cero para 2050. Entre las herramientas planteadas destaca el Índice de Preparación para la Transición de Belém, diseñado para ayudar a los gobiernos a identificar su grado de exposición a los combustibles fósiles y las capacidades con las que cuentan para avanzar hacia otros modelos energéticos.

El instrumento contempla tres pilares. El primero analiza la demanda energética a partir del uso de combustibles fósiles en sectores como el transporte, la industria y los entornos urbanos. Esto permite identificar dónde es necesario reducir el consumo de fuentes contaminantes y qué oportunidades existen para impulsar alternativas de bajas emisiones. El segundo eje se centra en cómo debe ajustarse la producción de petróleo, gas y carbón ante la disminución progresiva de su consumo y la expansión de otras fuentes energéticas. Esto implica analizar las posibilidades de reducir la extracción y producción de estos recursos sin provocar desequilibrios económicos o problemas de abastecimiento durante la transición. Finalmente, el tercer componente evalúa las repercusiones que este proceso puede tener en el conjunto de la economía. Para ello, considera factores como la dependencia de los gobiernos de los ingresos obtenidos por la producción y venta de combustibles fósiles, las inversiones necesarias para desarrollar nuevas fuentes energéticas y la viabilidad de conseguir el financiamiento requerido.

De esta manera, el índice permite establecer distintos perfiles de transición para que los Estados puedan adoptar medidas acordes con sus condiciones económicas, energéticas y sociales. La hoja de ruta también propone establecer una agenda colectiva de trabajo que permita coordinar y acelerar las acciones para abandonar los combustibles fósiles durante esta década. Entre sus planteamientos figura una revisión conjunta de los avances, con el propósito de identificar obstáculos compartidos y mantener el impulso político necesario para convertir los compromisos en resultados concretos.

Más recursos económicos para frenar la deforestación

Por otra parte, la propuesta para revertir la deforestación y detener la degradación de los bosques establece distintas etapas para alcanzar este objetivo. Estas abarcan desde el diagnóstico de las condiciones de los ecosistemas y la identificación de las causas de su deterioro hasta la evaluación constante de los avances y el ajuste de las medidas conforme se obtengan resultados.

Uno de los planteamientos más destacados consiste en alinear las políticas, las instituciones y las fuentes de financiamiento. El documento señala que la falta de recursos económicos constituye el principal obstáculo para garantizar la protección efectiva de los bosques y las áreas forestales. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el financiamiento destinado a estos ecosistemas debe aumentar de 84,500 millones de dólares en 2023 a más de 300,000 millones anuales para 2030.

Actualmente, el 88.3% de los recursos procede de presupuestos públicos nacionales, mientras que el financiamiento público internacional representa apenas el 3.4%. Esta distribución impone una carga considerable a los países en desarrollo, donde se concentra buena parte de los bosques tropicales. Para reducir esta brecha, el documento analiza 30 mecanismos internacionales de financiamiento, entre ellos REDD+ jurisdiccional y el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). Asimismo, plantea incrementar los recursos disponibles, facilitar su acceso y generar incentivos económicos para que los países y las comunidades obtengan beneficios por conservar y gestionar sosteniblemente sus bosques.

¿Las hojas de ruta globales serán efectivas?

La presidencia de la COP30 sostiene que ambas hojas de ruta abordan dos de los principales impulsores del cambio climático: la producción y el consumo de energía, responsables del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y la pérdida de bosques, que representa el 11%. Además, ofrecen enfoques prácticos para transformar los acuerdos internacionales en políticas nacionales, inversiones y resultados medibles.

No obstante, cabe destacar que la adopción de estas propuestas es voluntaria y no contempla requisitos vinculantes. Además, deja a criterio de cada nación evaluar su grado de dependencia de los combustibles fósiles y seleccionar las medidas que considere necesarias para reducirla.

Joeri Rogelj, profesor de Ciencias y Políticas Climáticas del Imperial College de Londres, afirmó en declaraciones retomadas por The Guardian que “aunque estas hojas de ruta son valiosas, no logran indicar con claridad el ritmo de cambio necesario, ya que no incluyen un cronograma ni indicadores clave. Debido a esta omisión, aún queda mucho por imaginar sobre lo que se necesita para lograr el objetivo final del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a muy por debajo de los 2°C, y preferiblemente a 1.5°C, para evitar daños climáticos peligrosos”.

Pese a este señalamiento, los representantes climáticos de Brasil sostienen que los documentos presentados pueden acelerar la implementación de las decisiones adoptadas previamente por consenso. “La tarea urgente es convertirlas en acción: proteger el clima y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad energética, mantener los bosques en pie y crear oportunidades de desarrollo que beneficien a las personas en todo el mundo”, precisó la presidencia de la COP30 en un comunicado.

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