El Instituto de Vivienda (Invi) convocó a los colonos del edificio en Patricio Sanz 529, en la Colonia Del Valle, quienes mantienen un conflicto que derivó en un amparo para detener las obras de rehabilitación iniciadas en febrero por daños ocurridos durante el sismo de 2017. "Estamos trabajando en destrabar ese conflicto", comentó el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz.

Por segunda ocasión en dos años, un grupo de siete de los 30 propietarios de los departamentos, dictaminados en condición de riesgo por el Instituto de Seguridad para las Construcciones, obtuvo la suspensión provisional en un juicio de amparo, por lo que se detuvo el reforzamiento.

"Defendemos que la Ciudad debe acometer los trabajos que técnica y jurídicamente se determinó llevar a cabo en el inmueble de Patricio Sanz y en ese camino estamos buscando resolver las cosas, en el ámbito jurídico, como en la posible búsqueda de esquemas de solución", planteó Muñoz.

El funcionario cuestionó que un Juzgado de Distrito haya otorgado la suspensión para las obras reclamadas por la mayor parte de los vecinos del inmueble, situado en la Alcaldía Benito Juárez.

"El edificio se debe rehabilitar en los términos que se dictaminó, incluso antes de que hubiera cambios de propietarios", expuso Muñoz.

Los 23 propietarios habían gestionado durante años la rehabilitación, pero después del sismo varios departamentos fueron vendidos, en operaciones que los dueños originales han calificado como dudosas y asociadas con esquemas de despojo.

El grupo de los siete nuevos residentes indicó que adquirió los departamentos a propietarios con los que mantienen buena relación, a través de créditos hipotecarios, por lo que negaron haber obtenido los inmuebles en forma ilícita, lo cual, aseguran, se acreditó ante el juzgado en el juicio del amparo.

Explicaron que promovieron el amparo porque el Invi notificó que deberían desocupar los departamentos de hasta 140 metros cuadrados durante la rehabilitación, sin tener la certeza de que se los devolverán al finalizar.

"Estamos a favor del reforzamiento. ¿Qué pasa? Nos dicen: sálganse y luego vemos. No, ¿Cómo? O sea, preséntame un proyecto, dime cuánto va a costar, sobre todo para las personas que compramos después del sismo, nos dicen que va a tener un costo, pero no nos dicen de cuánto", comentó la vecina Vanessa Mesa.

El miércoles pasado, residentes de ambos grupos fueron recibidos por el encargado de la reconstrucción, Víctor Olvera, reunión en la que les plantearon que el Invi entregará al juzgado los documentos cuya ausencia generó la suspensión, con intención de que sea levantada para reanudar las obras.

Sin embargo, también les informaron que, de acuerdo con la Ley de Reconstrucción, quienes compraron después del sismo deberán pagar la rehabilitación, con un costo que podría ser de hasta 3 millones de pesos por departamento.

Mientras tanto, ambos grupos de vecinos han interpuesto denuncias penales entre sí, por agresiones o porque al oponerse a la rehabilitación y dejar sus autos en el estacionamiento, les pusieron candados en las rejas.