El mapa de la violencia en el estado de Guerrero ha sido expuesto formalmente ante la justicia internacional. La periodista y activista de la etnia ñomdaaa, Marcela de Jesús Natalia, acudió este martes a la Corte Penal Internacional en La Haya para denunciar penalmente a la organización criminal ‘Los Ardillos’, a la gobernadora Evelyn Salgado, a la funcionaria Mercedes Carballo Chino y a otros colaboradores del gobierno estatal por su presunta responsabilidad en la crisis de seguridad que desola la entidad.
La denuncia, enviada formalmente al fiscal jefe de la CPI, Karim Ahmad Khan, expone detalladamente la sistemática violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas de la Montaña Baja. El pliego petitorio argumenta que la combinación de homicidios, desapariciones, amenazas endémicas y el masivo desplazamiento forzado cumple con las características de crímenes de lesa humanidad, bajo el amparo de los artículos 7 y 15 del Estatuto de Roma.
El diagnóstico de la activista en redes sociales describe un panorama de control territorial criminal: “En Guerrero hay pueblos fantasmas, familias desplazadas, jóvenes obligados a matar o morir, madres buscando a sus desaparecidos y comunidades enteras viviendo bajo amenaza. Nos están arrebatando la paz, la memoria y la vida, pero nuestro pueblo sigue resistiendo”.
La situación de riesgo de la periodista cuenta con antecedentes internacionales significativos. Durante su última misión en México, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se entrevistó con ella para analizar la impunidad en torno al ataque armado que sufrió en el año 2017 y las amenazas que atentan contra su labor de difusión de derechos. Asimismo, organismos especializados como Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) documentan su caso como uno de los tres desplazamientos forzados de mujeres por motivos de violencia de género y prensa en el estado.
La dimensión del fenómeno criminal es mayúscula: las operaciones de 'Los Ardillos' en la Montaña y el Centro del estado han provocado el despojo y huida de más de 2,000 personas, conforme a reportes de la prensa regional. Frente a este repliegue social, la estrategia del gobierno federal ha apostado por evitar los tiroteos. La presidenta Claudia Sheinbaum argumentó la semana pasada que el Ejército Mexicano evitó confrontar abiertamente a la banda delictiva para mitigar el número de víctimas mortales o heridos.
La mandataria puntualizó que la Guardia Nacional se encuentra desplegada con fines de protección ciudadana, advirtiendo que responder a provocaciones mediante incursiones de fuerza federal implicaría poner en riesgo a terceros. Esta política de no confrontación coincide de forma polémica con las denuncias de organizaciones como Radio Zapatista y el Congreso Nacional Indígena. Dichas agrupaciones afirman que, a pesar de las caravanas de apoyo realizadas hace dos semanas en Chilapa por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado, la mandataria estatal brinda en realidad cobertura y "protección" a la estructura de 'Los Ardillos'.